La Junta cifra en 663 millones el coste de las "ocurrencias Zapatero" para las familias

Valladolid.-  Un total de 663 millones de euros ha calculado la Junta de Castilla y León que costará a "las familias de la Comunidad" las "ocurrencias" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero por el "aumento de la presión fiscal".

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(EFE)

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa que ofreció hoy posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

La supresión de la deducción de 400 euros supondrá 320 millones de euros a Castilla y León; el cambio de la fiscalidad de las rentas del ahorro cuarenta millones de euros y la subida del IVA unos 302 millones, ha sumado el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Los presupuestos propuestos por el Ejecutivo central para 2010 "no son buenos para España ni para hacer frente a la crisis", son "mediocres, poco creíbles, decepcionantes para Castilla y León, en cuestión de gasto producen pánico por los menores ingresos y se traducen en una cierta resignación" para hacer frente al momento, ha resumido el también consejero de la Presidencia.

De Santiago-Juárez ha valorado y calificado de positivo "el impulso" que se da a la Alta Velocidad ferroviaria en la Comunidad, donde "es verdad que se ha realizado un esfuerzo inversor importante", aunque ha criticado el "frenazo" a las partidas para autovías y autopistas.

En concreto se ha referido a dos autovías "clásicas", la Autovía del Duero, donde "sigue bloqueado y no aparece el tramo de Valladolid", y la León-Valladolid, "también atascada en su tramo central".

También ha analizado las valoraciones realizadas por el secretario general del PSCL, Óscar López, en cuanto a que Castilla y León recibía en los Presupuestos del Estado el doble de lo que le correspondería por su población.

Se ha preguntado en este sentido desde cuándo las infraestructuras se miden por población, ya que suele hacerse por extensión, y le ha recordado a López que el artículo 83 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad, esa "que él va conociendo en verano", recoge que para fijar las inversiones del Estado se tendrán en cuenta la "superficie y el territorio".

"Se le olvida el Estatuto" y si fuera "por extensión territorial Castilla y León quedaría en el último lugar" en cuanto a inversiones del Estado para 2010.

Se ha fiado el portavoz de la Junta de que los presupuestos recogerán los 150 millones de euros comprometidos por el presidente del Gobierno para la anualidad de 2010 del nuevo Plan de Convergencia Interior, de los que sólo aparecen como tal en el proyecto de presupuestos 75 millones.

Otra de las carencias detectadas por la Junta ha sido el Plan de apoyo al entorno de la central nuclear de Garoña (Burgos), cuyo cierre se prevé para el 2011, y del que en los presupuestos no aparece "nada de nada" ni siquiera para el prometido "parador nacional de turismo" en Miranda de Ebro.

Respecto a cómo repercutirán estas cuentas en las que la Junta debe presentar antes del 14 de octubre, ha observado que "se mantendrá la calidad de los servicios esenciales como la educación y los sociales", y "en la medida" de las competencias de la Comunidad "se impulsarán políticas de creación de empleo y apoyo a las empresas".

Ha vuelto a criticar además que el Gobierno pretenda "sacar adelante" sus cuentas "tensionando el territorio", con su intención de apoyar el "blindaje" del cupo o concierto económico del País Vasco, y se ha dirigido a Zapatero para pedirle que "no venda a su tierra por un puñado de votos".

Aunque se ha mostrado comprensivo con el apoyo del PP del País Vasco a este blindaje, que no comparte, ha observado que "no es ni el momento ni -los presupuestos- la herramienta adecuada para sacarlo adelante".

El blindaje supondría que el Concierto Económico vasco sólo pueda ser objeto de recurso judicial ante el Constitucional, y no ante otras instancias ordinarias, lo que "hurtaría a Castilla y León" y otras comunidades limítrofes la posibilidad de recurrir los beneficios fiscales que anualmente ponen en marcha las diputaciones y que suponen "una competencia desleal para las empresas".