Sólo el 8% de los montes gallegos puede acceder a los "contratos verdes"

Santiago de Compostela.-  Sólo el 8 por ciento de los montes gallegos tiene los certificados de sostenibilidad exigidos para acceder a los "contratos verdes", lo que ha llevado a la industria forestal a importar materia prima, mientras la caída de la demanda general de madera amenaza a más de 3.000 empleos directos en Galicia.

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(EFE)

Imagen de la cima del monte Faro, en Rodeiro. EFE/Archivo

Técnicos, productores y sindicatos señalan que, mientras en Europa el 50 por ciento de los bosques están certificados, los productos gallegos del monte no pueden acceder a una parte millonaria del mercado internacional por carecer de este estos distintivos, cada vez más exigidos por administraciones y empresas al adquirir material, mobiliario o papel.

De hecho, para optar a la contratación pública -que supone más del 15 por ciento del PIB europeo- la Unión Europea (UE) exige que la materia prima provenga de un bosque gestionado de manera sostenible.

En 2009, sólo alrededor de 120.000 de las 1.400.000 hectáreas forestales gallegas tenían estos certificados, una situación paradójica que agrava la crisis de un sector en el que los precios de la madera han caído hasta un 40 por ciento en el último año, debido al excedente de materia prima y a la reducción de las talas.

"Estamos perdiendo la carrera de la competitividad", aseguró a Efe el gerente de la asociación de productores Monte-Industria, Juan Picos.

La mitad de la madera que se corta en España procede de Galicia, pero sólo el 8 por ciento está certificada, por lo que "hay fábricas paradas, mientras los tableros se traen de fuera", añadió Picos.

Las políticas de "compra verde", impulsadas tanto por la UE como por compañías como Inditex, requieren un certificado, como los emitidos por el Sistema de Certificación Forestal Paneuropeo (PEFC) y Forest Stewardship Council (FSC), que garantice el equilibrio social y medioambiental en la explotación forestal.

"Se trata de controlar la transformación del producto y garantizar que la materia prima procede de un bosque gestionado de manera sostenible", explicó la secretaria general de PEFC España, Ana Belén Noriega.

Por ello, no sólo se controla la extracción de la materia prima sino también todo el proceso hasta la elaboración final del producto: sillas, cartones, bolsas, papeles o plantas aromáticas. Es la denominada "Cadena de Custodia".

La demanda de las empresas tira en la actualidad de esta cadena y obliga a la industria a buscar materia prima certificada que Galicia "no es capaz de abastecer", reconoció el responsable del sector forestal de Unións Agrarias, Jacobo Feijoo. "El eterno problema del minifundismo", añadió su homólogo de CC.OO., Alejandro Rodríguez Pazos.

Dos tercios de la superficie forestal está dividida en parcelas de 0,5 hectáreas, "por lo que es muy difícil de aprovechar", comentó el profesor de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Alberto Rojo. De hecho, sólo la Xunta -86.177 hectáreas- y algunas empresas -Finsa o Norte Forestal- certifican sus montes.

Sin embargo son muy pocos los propietarios privados -mayoritarios en Galicia- los que acceden a estos certificados. ¿La razón?. El coste, "incluso 100 veces superior al de otros países", resaltó Picos.

Además, la situación se agrava. Desde 2006, Galicia perdió más de 23.000 hectáreas de monte certificado, y desde enero la superficie con sello PEFC descendió en 18.000 hectáreas.

Para evitar el sobrecoste para los propietarios, las certificadoras proponen una gestión agrupada. "Es necesario un ente que gestione la acreditación, y puede ser la Administración, como sucede en Castilla y León, País Vasco o Cataluña", apuntó Rojo.

"La administración debe ayudar, pero también las empresas", afirma Feijoo. La papelera Portucel prima al propietario en la venta de madera certificada, "algo que Ence no hace", resaltó irónico.

No obstante, no todos en el sector avalan los certificados. "El sello no implica ser inocuo para el medio ambiente", advirtió el secretario ejecutivo de la asociación ecologista Adega, Fins Eirexas, aunque reconoció que los certificados son una buena iniciativa, "siempre que se cumplan las exigencias".