Oviedo.- La diputada de IU-AB-LV Noemí Martín ha presentado hoy una moción que será debatida y votada en el pleno de la próxima semana en la que exige al Gobierno regional que paralice el proceso iniciado por la Consejería de Bienestar Social para la privatización de la prestación de los servicios sociales.
La diputada de IU-AB-LV Noemí Martín ha presentado hoy una moción que será debatida y votada en el pleno de la próxima semana en la que exige al Gobierno regional que paralice el proceso iniciado por la Consejería de Bienestar Social para la privatización de la prestación de los servicios sociales.
Asimismo, la moción de IU-BA-LV exige que se garantice que la gestión del Centro Polivalente de Recursos de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, dependiente del ente Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) sea exclusivamente pública.
Martín ha reiterado en rueda de prensa que la Consejería de Bienestar Social "miente" cuando responsabiliza a la coalición de sentar las bases para privatizar la residencia de Sotrondio cuando dirigía este departamento en la pasada legislatura.
La diputada ha recalcado que frente a esta afirmación la Consejería ha iniciado un proceso de privatización "nunca visto".
En el pleno parlamentario de la pasada semana la consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez, replicó a IU que la privatización de la gestión de la residencia de ancianos de Sotrondio se fijó en el convenio firmado por la anterior titular de este departamento, Laura González, y la empresa SEDES.
Ante la oposición que ha mostrado Izquierda Unida a que el centro polivalente de San Martín del Rey Aurelio no sea gestionado directamente por el ente Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA), la titular de Bienestar Social afirmó que su departamento que no ha hecho sino finalizar lo que firmó una consejera de la coalición durante la anterior etapa de Gobierno.
En concreto, recordó que la consejera de IU firmó el 9 de febrero de 2007 un convenio con SEDES para la construcción de este centro en el que se contemplaba un "compromiso del Principado de ofertar a esta empresa una fórmula de gestión adecuada" mediante la inclusión de una addenda.
Martín ha anunciado que solicitará la comparecencia en la Junta del director de SEDES para que aclare si han cambiado sus estatutos y ahora entra también dentro de sus competencias la gestión de los servicios sociales.
También ha negado, como sostiene el Gobierno, que la privatización tenga que ver con la prórroga presupuestaria y afirma que cuando el Gobierno quiere conseguir recursos lo lograr como ha sido el caso del "cheque-bebé", que tildó de "electoralista".
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