Oviedo.- El Gobierno asturiano deberá presentar un Plan de Drogas antes de verano del próximo año, según recoge una moción aprobada hoy por unanimidad en el pleno de la Junta General del Principado.
El delegado del Gobierno, Antonio Trevín (c), acompañado por el Jefe Superior de Policía de Asturias, Baldomero Araujo (i), y por el comisario jefe de Gijón, Francisco López Canedo, durante una rueda de prensa ofrecido en Gijón para informado sobre la desarticulación, en diciembre pasado, de una red de narcotraficantes que distribuía cocaína y hachís en Asturias y el País Vasco.
La iniciativa había sido presentada por el Partido Popular y contó con el apoyo del resto de los grupos, incluido el PSOE, que introdujo una enmienda para ampliar en varios meses el tiempo que se da al Ejecutivo regional para presentar dicho plan.
En la propuesta de los populares se pedía inicialmente que el plan se remitiese a la Cámara antes de finalizar febrero de 2009, si bien la enmienda socialista lo amplió hasta la finalización de ese periodo de sesiones del Parlamento, que finaliza a principios de verano.
Por otra parte, el pleno de la Junta ha rechazado una iniciativa de IU en la que se instaba al Gobierno a "paralizar el proceso iniciado por la Consejería de Bienestar Social de privatización de la gestión de los servicios sociales" y se solicitaba que se garantizase la gestión pública de la residencia de ancianos de Sotrondio.
Esta moción no salió adelante al ser rechazada por los 21 diputados socialistas y abstenerse los 19 parlamentarios del grupo popular, con lo que sólo contó con el apoyo de los cuatro escaños de Izquierda Unida.
En su defensa, la diputada de IU Noemí Martín había asegurado que la consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez, "miente" sobre la residencia de ancianos de Sotrondio para "ocultar su viaje a la derecha" con la privatización "pura y dura" de los servicios sociales.
Martín se refería así a las declaraciones de la consejera en las que achacó a la anterior titular de este departamento, Laura González, de IU, la firma de un convenio con SEDES que refleja que sería esta sociedad la encargada de gestionar la residencia.
La diputada de IU ha asegurado que los acuerdos entre el Principado y SEDES no iban en ese sentido y que se han utilizado para la construcción de otros centros polivalentes, pero que en todos ellos hay una gestión pública, como la de Mieres.
Desde el PP, Inmaculada González ha coincidido con la diputada de IU en que la consejera "miente" cuando dice que el convenio firmado en la pasada legislatura con SEDES para construir esta residencia incluía una addenda que fijaba la privatización del servicio, pero ha asegurado que su grupo "no está en la guerra" que mantienen los antiguos socios de gobierno.
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