Valladolid.- La Junta de Castilla y León pagará los gastos de las operaciones en centros sanitarios privados si no cumple los plazos fijados hoy por decreto, en el que se establece una espera máxima de cuatro meses para una intervención quirúrgica programada no urgente y de un mes para las de cáncer y corazón.
El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa en la que ha informado de las medidas adoptadas en el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana.
El portavoz del Gobierno regional, José Antonio de Santiago-Juárez, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que en el caso de que el Servicio de Sanidad de Castilla y León (Sacyl) supere los plazos de espera, "el paciente podrá optar a ser atendido en el centro que elija, siempre que esté autorizado por la comunidad autónoma".
El decreto, aprobado en Consejo de Gobierno, regula las garantías de espera máxima en intervenciones quirúrgicas no urgentes y establece un máximo de 130 días para las programadas y un máximo de 30 para las operaciones de oncología y cardiaca no valvular, "tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud", ha señalado de Santiago-Juárez.
Según el documento, en el caso de que no se cumplan los plazos establecidos para la intervención quirúrgica sin que ésta se haya efectuado, el paciente podrá optar por "permanecer en la lista de espera o ser atendido en un centro sanitario de su elección que deberá estar debidamente autorizado por la administración sanitaria".
Si se supera el plazo establecido, el paciente debe solicitar un documento a la Gerencia de Salud que acredite que se ha sobrepasado la fecha máxima de operación para que lo expida en el plazo de dos días.
El decreto señala que para la tramitación y el pago de los gastos derivados de la asistencia, el centro sanitario privado presentará ante la administración sanitaria la factura individualizada.
No obstante, la Administración regional sólo pagará hasta la cuantía máxima de las cantidades previstas para "las condiciones económicas aplicables a los servicios de asistencia sanitaria concertada" de la Comunidad, y el resto correrá a cargo del paciente.
El también consejero de Presidencia de Castilla y León ha señalado que esta medida es "un hecho más del desarrollo del Estatuto" de Autonomía y se enmarca dentro de los compromisos adquiridos por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en su discurso de investidura.
Asimismo, el decreto establece la creación de un Registro de Pacientes en lista de espera de Atención Especializada que servirá para el control y la gestión de los enfermos pendientes de atención.
Los pacientes pendientes de consulta externa, de pruebas diagnósticas o terapéuticas y de intervenciones quirúrgicas podrán inscribirse en el nuevo Registro de Pacientes en lista de espera de Atención Especializada
Según se aprobó en 2003, mediante Real Decreto, las comunidades autónomas tienen que facilitar información sobre listas de espera a los ciudadanos.
El nuevo registro de pacientes permitirá que cada enfermo tenga acceso a la información personalizada sobre la espera prevista en relación con su proceso asistencia.
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