El estado de excepción para conjurar el paro judicial en Colombia genera polémica

Bogotá.-  El estado de excepción decretado por el Gobierno de Colombia para afrontar la paralización de los despachos judiciales por la huelga que mantienen hace más de un mes los empleados de la administración de justicia generó hoy una polémica entre distintos sectores del país.

ampliar foto

(EFE)

La medida excepcional, que en Colombia se denomina "conmoción interior", fue anunciada el jueves por el presidente Álvaro Uribe.

La medida excepcional, que en Colombia se denomina "conmoción interior", fue anunciada el jueves por el presidente Álvaro Uribe, quien señaló que a raíz de la protesta unos 2.700 detenidos por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas quedaron libres por vencimiento de términos legales.

El gobernante indicó, igualmente, que la situación en el sector judicial ha llevado que más de 120.000 procesos estén sin fallos, y que no se hayan celebrado alrededor de 25.000 audiencias desde el pasado 3 de septiembre, cuando empezó el paro.

No obstante, la medida, que, según la Constitución, puede aplicarse por un término no mayor de 90 días, prorrogable hasta por dos periodos iguales, despertó hoy voces a favor y en contra.

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres Corredor, defendió la decisión, al indicar que la huelga de la justicia atenta contra la convivencia y los derechos ciudadanos.

Pero el vicepresidente del Consejo de Estado, Rafael Lafont, se declaró en desacuerdo, y señaló que habría sido preferible aguardar y agotar las instancias de diálogo antes de anunciar esa decisión.

Advirtió de que el Presidente de la República solamente podrá expedir durante los 90 días del estado de excepción decretos relacionados con el origen de la medida.

Los integrantes de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial), que convocó a la huelga en demanda de mejoras salariales, además de respeto a su autonomía e independencia, rechazaron la decisión del Ejecutivo.

"Es una medida desafortunada e inconstitucional, porque para decretarla se requieren condiciones precisas que aquí no se cumplen", dijo a periodistas Fabio Hernández, presidente de ese sindicato.

Dirigentes del partido opositor Polo Democrático Alternativo (PDA) se sumaron al rechazo, mientras que destacados líderes del Partido Liberal (PLC) consideraron "necesaria" la determinación.

Habría sido "más propio acudir a otra figura como lo es la emergencia judicial", por cuanto la declaración "nos hace sospechar sobre las verdaderas intenciones del Gobierno y el eventual abuso en el ejercicio de tales facultades", señaló en un comunicado el presidente del PDA, Carlos Gaviria.

Ese partido anunció que acudirá "ante la Corte Constitucional para impugnar la constitucionalidad de los decretos anunciados".

Mientras el senador del PDA Gustavo Petro, una de las figuras más representativa de la oposición, consideró que implantar ese estado de excepción "representa un verdadero 'boomerang' contra la economía colombiana".

El ex mandatario Ernesto Samper (1994-1998) y el ex vicepresidente Humberto de la Calle, ambos liberales, coincidieron en que la declaración de la "conmoción interior" era "necesaria", e instaron al Gobierno a hacer "un esfuerzo fiscal" para "nivelar" los salarios en la Rama Judicial.

Las centrales obreras también rechazaron la decisión e indicaron que la huelga de los trabajadores judiciales "es un problema que debe ser discutido en la Comisión de Políticas Salariales y Laborales".

El vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, calificó de "equivocada" la medida, al considerar que "radicaliza" la postura de la Rama Judicial.

El secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez, también expresó su desacuerdo con el decreto, pues, a su juicio, "polariza los conflictos laborales".

El Gobierno propuso unas bonificaciones que se suman a la oferta de mejoras salariales por 111.000 millones de pesos (unos 52 millones de dólares).

Sin embargo, los huelguistas piden el triple de esa suma y la nivelación de sueldos de los jueces menores con los de los magistrados y jueces superiores.

La Constitución colombiana de 1991 cambió el nombre de estado de sitio por el de "conmoción interior", y es una medida que puede adoptar el Gobierno cuando considera que hay riesgo para la estabilidad democrática.

Ese estado excepcional también se puede decretar "en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional", según la Constitución.