San José.- La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó hoy suspender, mientras estudia un recurso de amparo, la tala de gran cantidad de árboles en la zona norte del país que tenía como fin abrir espacio al desarrollo de la mina de oro "Las Crucitas".
Los ambientalistas aseguran que unas 260 hectáreas iban a ser taladas para dar paso a la mina.
El recurso de amparo, acogido hoy para estudio, fue presentado ayer por Edgardo Araya, presidente de la organización ambientalista Asociación Norte por la Vida (Unovida), en contra de un decreto del Ministerio de Ambiente (MINAE) publicado el pasado viernes, que declara "de interés y conveniencia nacional" el proyecto minero.
Por su lado, la Federación Ecologista (Fecon) indicó hoy en un comunicado que "el decreto fue emitido porque según la Ley Forestal no puede cambiarse el uso de suelo de un área boscosa a menos que el proyecto sea declarado de interés nacional por el Poder Ejecutivo".
Los ambientalistas aseguran que unas 260 hectáreas iban a ser taladas para dar paso a la mina, lo que provocaría un severo impacto a especies como el árbol almendro amarillo, que se encuentra en peligro de extinción y que además provee de su principal alimento a la lapa verde, una bella ave en riesgo de desaparecer.
Edgardo Araya explicó en el comunicado que presentó el recurso debido a que hace algunas semanas la misma Sala Constitucional prohibió la tala del almendro amarillo en todo el país y porque el decreto emitido por el MINAE solo es aplicable para construir infraestructura pública.
Además, afirma que no existen estudios científicos que demuestren que los beneficios socio-económicos de la mina serán mayores a los impactos al ambiente.
En la otra acera, representantes de la empresa han dicho a medios locales que existe un plan de reforestación en la zona, donde se sembrarán hasta diez veces más los árboles que se talen.
La mina, a cargo de la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Vanessa Ventures, ha recibido todos los permisos del Gobierno para su funcionamiento, y pretende extraer 700.000 onzas de oro en diez años.
Sin embargo, enfrenta una fuerte oposición de grupos ambientalistas e incluso del Gobierno de Nicaragua que se ha mostrado preocupado por la cercanía de unos kilómetros de la mina con la frontera y con el nicaragüense río San Juan.
El proyecto ha provocado roces entre los Gobiernos de ambos países, pues en junio pasado Nicaragua solicitó mediante una nota diplomática la suspensión del proyecto, algo que Costa Rica calificó como "improcedente" y exigió respeto a las decisiones soberanas.
El pasado 24 de abril, Costa Rica levantó la moratoria a la minería que estaba vigente desde 2002 y en su lugar estableció requisitos que considera suficientes para garantizar el uso sostenible de los suelos y la protección del medio ambiente.
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