Las enmiendas moderan las aportaciones de los ayuntamientos al fondo forestal

Valladolid.-  Las enmiendas planteadas al proyecto de ley de montes por parte del Grupo Popular, mayoritario en las Cortes de Castilla y León, garantizan que las aportaciones económicas de los ayuntamientos propietarios de bosques al fondo común se moderarán y pasarán a ser del 15 por ciento, no del 20 por ciento.

Inicialmente, el proyecto de ley planteaba que uno de cada cinco euros obtenidos por los ayuntamientos como consecuencia de los aprovechamientos del monte fueran derivados a un fondo común, gestionado por la Junta, pero las enmiendas del PP y el PSOE en este sentido coinciden en que esa aportación se debe limitar al 15 por ciento.

El plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley se ha cerrado hoy con 42 planteadas por el Grupo Popular y hasta 163 del PSOE, que además pide su devolución a la Junta de Castilla y León por considerar que la norma es "intervencionista" y no deja margen de maniobra a los ayuntamientos para gestionar sus recursos arbóreos.

Entre las enmiendas del PP destacan el incremento de la aportación de la Administración al fondo forestal común, que pasaría a ser del 50 por ciento y no del 20 por ciento, como fija la norma.

Además, el Grupo Popular va a defender que la aportación de los ayuntamientos al fondo forestal común sea del 15 por ciento y no del 20 por ciento, como establece el proyecto de ley, ya que consideran que "las entidades locales están pasando por problemas muy serios" de financiación, según el portavoz del PP, Carlos Fernández Carriedo.

"Hay que ser realistas y considerar que las arcas municipales están muy tocadas", ha sentenciado el dirigente popular, quien ha recordado que Castilla y León dispone de 50.000 kilómetros cuadrados de superficie forestal que merecen un "esfuerzo" para que en el futuro mantengan su potencial como sumidero natural de dióxido de carbono.

Por su parte, el Grupo Socialista, a través de los procuradores Manuel Fuentes y Mónica Lafuente, ha subrayado que el proyecto de ley tiene rechazo entre los ayuntamientos y juntas vecinales propietarias de montes y también entre colectivos ecologistas, sindicatos y asociaciones forestales.

El PSOE conoce la existencia de unas 200 peticiones de entidades locales de la Comunidad que han solicitado la retirada el proyecto de ley de montes porque "no cumple con las expectativas" de los propietarios, quienes confiaban en que el desarrollo autonómico de la normativa sobre montes redundara en una mayor financiación pública y un mantenimiento de las competencias de los ayuntamientos.

En materia de financiación, los socialistas creen que la norma va a suponer un recorte de ingresos para las entidades locales, que tendrán que incrementar su aportación a un fondo común que ingresará la Junta de Castilla y León, mientras que el PSOE cree que el dinero debería servir para mejorar el estado del monte del que se obtiene ese beneficio por aprovechamientos forestales.

El Grupo Socialista defenderá que el propio título de la norma cambie para ser "ley de montes y desarrollo sostenible de Castilla y León" y, además, reclamarán que el contenido referido a los incendios forestales no se quede en "un folio y medio" y se aborde con una ley independiente.

Otro grupo de enmiendas socialistas se refieren a los usos y costumbres de los habitantes de zonas forestales, que según el PSOE se verán perjudicadas si no se modifica el proyecto de ley, ya que los ayuntamientos perderán la potestad de mantener en el bosque un terreno agrícola que desde hace años se haya venido desarrollando por algún vecino.