Toledo.- El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, ha encargado a la Dirección General de Familia de Castilla-La Mancha que revise el informe del Defensor del Pueblo sobre los centros de menores y que "tome nota de las recomendaciones que en él se hacen" para mejorar el servicio prestado en éstos.
Así lo ha manifestado hoy en Toledo Lamata a preguntas de los periodistas sobre el citado informe, que pone de manifiesto que muchos centros de menores en toda España están llevando a cabo "prácticas contrarias" a sus derechos y la mayoría realizan contenciones físicas y mecánicas en situaciones de alteración del menor, en ocasiones con una agresividad "desproporcionada".
A este respecto, el titular regional de Salud y Bienestar Social ha asegurado que no le consta la existencia de ninguna denuncia que afecte a centros de Castilla-La Mancha, si bien el Gobierno de esta región se movilizaría ante "cualquier denuncia de un menor o tutor".
En este sentido ha valorado "positivamente" el informe del Defensor del Pueblo porque denota que esta institución "ha ejercido bien la competencia de velar por los intereses de las personas que requieren su amparo y nos puede ayudar a detectar dificultades".
Así se ha mostrado partidario de analizar "detalladamente" el citado informe y de incorporar al Programa de Acogimiento Residencial que la Junta tiene en marcha desde 1998 "los aspectos que puedan mejorar la atención y el servicio que se está prestando en estos centros".
"Siempre es bueno tener una mirada profesional y experta como la que representa el Defensor del Pueblo", ha afirmado Lamata, quien se ha mostrado a favor de la recomendación de que no convivan en el mismo centro jóvenes que no han cometido ningún delito con los que si lo han hecho.
Sobre el estado de las instalaciones, el consejero de Salud y Bienestar Social ha destacado que "la dotación de estos centros es mayor en Castilla-La Mancha que en la media del país" y, sobre las sanciones disciplinarias, ha afirmado no tener conocimiento de ninguna denuncia.
En cuanto al régimen de ingreso ha asegurado que, aunque la mayor parte de las entidades públicas estiman que no es necesaria la autorización judicial para los ingresos de menores tutelados en estos centros, en Castilla-La Mancha cuando el equipo evaluador que tiene la tutela de los jóvenes decide su ingreso en este tipo de centros "siempre hay una comunicación al juez, que autoriza esa estancia".
Lamata ha resaltado también que, desde la puesta en funcionamiento, en 1998, del Programa de Acogimiento Residencial de Menores en Castilla-La Mancha, "son muchos los chavales que han tenido atención en estos centros y muchas las inspecciones realizadas, una media de dos al mes".
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