Los jueces cifran en el 62 por ciento el seguimiento de la huelga en Canarias y el TSJC en un 51,2%

Las Palmas de Gran Canaria.-  La huelga convocada en toda España para exigir una mejora de la justicia ha sido seguida en las islas por un 62 por ciento de los jueces y magistrados titulares, según sus convocantes, cifra que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) rebajó a un 51,2 por ciento.

En un comunicado, el TSJC informó de que 105 de los 205 jueces y magistrado titulares de la Comunidad Autónoma no acudieron hoy a su destino por estar en huelga y que el número de suspensiones entre diligencias, vistas y señalamientos ascendieron a 89.

Esta cifra difiere de la facilitada por los convocantes de la protesta, que indicaron que son 184 los jueces y magistrados titulares (105 en Las Palmas y 79 en Santa Cruz de Tenerife) que no se encuentran en situación de enfermedad o en comisión de servicios, y que de ellos siguieron el paro 115, más un juez sustituto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Según los datos facilitados por los comités de huelga en las dos capitales canarias, el seguimiento fue de un 64 por ciento en la provincia de Las Palmas y de un 60,75 por ciento en la de Santa Cruz de Tenerife.

Las cifras del seguimiento del paro fueron difundidas por los comités de huelga en el transcurso de las concentraciones celebradas en las sedes de los palacios de Justicia de ambas capitales, donde se dio lectura a un manifiesto con sus reivindicaciones.

Estas concentraciones fueron seguidas por medio centenar de magistrados en cada una de las dos capitales canarias y también se llevaron a cabo ante las puertas de los juzgado de Arrecife, en Lanzarote, y Puerto del Rosario, en Fuerteventura.

De los 79 jueces y magistrados titulares de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, secundaron la huelga 47 mientras que de los 23 sustitutos, sólo uno secundó la jornada de paro, según los datos ofrecidos por el comité de huelga en Tenerife, Jorge Riestra.

El portavoz consideró un "éxito" el apoyo obtenido y manifestó que se han cumplido los servicios mínimos en todas aquellas actuaciones que afectan a los derechos fundamentales de las personas.

La portavoz del comité de huelga en Las Palmas de Gran Canaria, Elena Corral, calificó de "muy importante" también el seguimiento de la huelga, que ha surgido desde las bases y asociaciones minoritarias de jueces y magistrados, y que en su provincia fue seguida por 68 de los 105 titulares.

Corral señaló que los servicios mínimos fijados por los propios jueces y magistrados se podrían calificar de "abusivos" y "excesivos", pero con ellos se trata de no perjudicar a los ciudadanos.

Recordó que en la huelga de secretarios judiciales del pasado mes de octubre sólo se fijaron como servicios mínimos los que afectaban a los juzgados de guardia, pero subrayó que en este paro se han considerado todas las calificaciones urgentes y preferentes por la legislación en todas las jurisdicciones, con lo que "muchos jueces a los que se les va a descontar sus sueldos están trabajando".

Para Corral, con esta protesta se trata "de que por fin salgamos de los despachos" los jueces y los magistrados para decir "cómo está la justicia" y que así "no se puede seguir", y exigir al poder ejecutivo una justicia "como es debido",

Riestra afirmó que esta convocatoria de paro es un acto "desinteresado" que se realiza en beneficio de los derechos de los ciudadanos que a su vez, dijo, se garantizan con más inversión.

Concretó que las reivindicaciones son más inversiones en medios materiales y humanos para la modernización de la justicia, la instauración de la oficina judicial y la modificación del proyecto de nueva oficina judicial para garantizar las competencias de jueces y magistrados en la fijación de juicios.

Agregó que también piden la incorporación de nuevas tecnologías, el incremento de la inversión en justicia hasta la media europea y la cobertura de todas las vacantes de funcionarios.

Asimismo reivindican la revisión de la planta judicial, el incremento de plazas judiciales de al menos de 250 anuales durante cinco años y la efectiva conciliación de la vida familiar y laboral.

Riestra afirmó que estas reivindicaciones están dirigidas al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, a la que los jueces acusan de incumplir la puesta en funcionamiento de algunas unidades judiciales en la provincia y a la que piden la creación de nuevas unidades judiciales.

También acusan a la Consejería de paralizar la construcción del nuevo edificio judicial y de una deficiente formación de los funcionarios.