Palma.- El GOB ha pedido la retirada del Plan Director Sectorial de Carreteras del Consell de Mallorca por la imputación de sus dos "máximos responsables" en la denominada "Operación Peaje", relacionada con el presunto desvío de dinero público a obras privadas, y por considerarlo "continuista".
Gonzalo Aguiar (UM), a su salida de las dependencias de la Policía Nacional en Palma de Mallorca. EFE/Archivo
Así lo ha expuesto hoy la miembro del GOB Margalida Ramis en una rueda de prensa convocada para explicar los argumentos que exponen los ecologistas para suspender el plan de carreteras, que consideran además "obsoleto".
Ramis ha indicado que la imputación del vicepresidente del Consell de Mallorca, Antoni Pascual, y el director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, (ambos de Unión Mallorquina), "cuestiona" las motivaciones por las que se han planteado las infraestructuras.
"La manera de hacer política durante estos años en el Consell es cuestionada en estos momentos por la Justicia", ha dicho Ramis, quien ha añadido que la presidenta del Consell, la socialista Francina Armengol, "tendría que tomar parte de esta responsabilidad y parar la tramitación del Plan Sectorial de Carreteras".
El GOB alega, por otro lado, que antes de la planificación de carreteras se tendría que definir el modelo territorial que se pretende para la isla y estudiar un plan de transporte. Una vez analizadas estas cuestiones, ya se podrían plantear, según Ramis, las infraestructuras "estrictamente necesarias para el desarrollo de Mallorca".
Según los ecologistas, los proyectos viarios de este plan no prevén otras actuaciones impulsadas actualmente por la Conselleria de Movilidad y el Ayuntamiento de Palma que van en este sentido.
La ecologista ha afirmado que este plan de carreteras representa una continuidad del plan de 2003 (realizado durante el pasado mandato) que pretende duplicar calzadas en nuevos tramos de autopistas (Llucmajor-Campos, Manacor-Sant Llorenç, Paguera-Andratx).
Ramis ha destacado el caso "grave" de la recuperación y prolongación de la autopista de Llevant, que fue abortada anteriormente.
Asimismo, ha señalado que se plantean obras "desmesuradas" de acondicionamientos de la red primaria complementaria y la red secundaria, así como en variantes y rondas de circunvalación que, en opinión de Ramis, no están justificadas al no responder a las necesidades reales de los ciudadanos.
Por ello, los ecologistas piden "coherencia" con las políticas de paisaje del Consell cuando plantean "barbaridades" como los acondicionamientos de algunas carreteras secundarias "que pasan a ser autopistas en el paisaje rural de Mallorca".
En este sentido, Ramis ha explicado que estas reformas permitirán el acceso "a lugares más o menos preservados del abuso urbanístico derivado del acortamiento de las distancias entre estos y Palma", y ha destacado el ejemplo del proyecto de la carretera que une Inca con Caimari.
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