Llamamientos a la normalidad en Honduras tras la destitución del jefe militar

Tegucigalpa.-  Honduras amaneció hoy en aparente calma y con llamamientos a la normalidad luego de que el presidente Manuel Zelaya destituyese anoche al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vásquez, y aceptase la renuncia del ministro de Defensa, Ángel Edmundo Orellana.

El ministro de Educación, Marlon Brevé, comenzó hoy sus actividades con un llamamiento a todos los maestros y estudiantes de las escuelas y colegios públicos a que "asistan a clases con normalidad", porque "no hay ninguna razón para dejar de hacerlo".

Agregó que las decisiones que el presidente tomó anoche, de destituir al jefe del Estado Mayor Conjunto y aceptar la renuncia del titular de Defensa, son de tipo político y no han alterado la estabilidad social del país.

En las afueras de la sede del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, la situación también es de relativa calma, aunque el acceso está restringido, lo mismo que en la sede de la Fuerza Aérea.

Vásquez fue destituido porque se negó a cumplir instrucciones del Ejecutivo para que los militares dieran apoyo logístico a una encuesta que impulsa el presidente, orientada a convocar un referendo para reformar la Constitución.

El primer paso para ese proceso es una "consulta popular", bajo control absoluto del Gobierno, prevista para el próximo domingo, en la que los hondureños digan si están de acuerdo con que se instale una urna adicional en las elecciones generales del 29 de noviembre, para convocar una Asamblea Nacional Constituyente a partir de 2010.

Luego vendría una reforma a la actual Constitución, que le dejaría libre el camino a Zelaya para buscar una reelección, algo que no permite la carta magna en vigor, bajo ninguna modalidad.

Diversos sectores rechazan las pretensiones de Zelaya porque consideran que busca el continuismo, argumento que niega el presidente, aunque sin descartar esa posibilidad "si eso fuera una voluntad popular".

Vásquez y Orellana comenzaron a recibir anoche mensajes de solidaridad de civiles y militares, mientras que hoy, el fiscal general del Estado, Luis Rubí, anunció que presentará un recurso de amparo en defensa del general Romeo Vásquez, "porque su destitución es ilegal", dijo.

También el abogado Manuel Rodrigo Mazariegos presentó ante la Corte Suprema de Justicia, a título personal, un recurso de amparo a favor del ex jefe del Estado Mayor Conjunto para que sea restituido en el cargo.

La consulta popular que promueve Zelaya también ha sido rechazada por varios organismos del Estado, entre ellos el Ministerio Público, el Parlamento, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento de que "es ilegal".

En alusión a Zelaya, Rubí dijo que el país no se puede desestabilizar "por un capricho de alguien", y que "a nadie se le puede sancionar porque cumple la ley".

El general Vásquez dijo anoche que fue destituido porque se negó a apoyar la iniciativa del presidente, en vista de que un tribunal de justicia dictaminó que la iniciativa del Ejecutivo es ilegal.

Anoche, Zelaya se reunió con líderes de sectores populares que lo apoyan y el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Raúl Arconada, para pedir disculpas porque el Parlamento también resolvió el pasado martes que la consulta popular es contraria a la ley.

Arconada es el enviado por la OEA para encabezar un grupo de observación del organismo continental de la encuesta que promueve Zelaya, misión que ha sido rechazada tanto por el Parlamento hondureño como por sectores sociales del país.

El presidente dijo en el mismo acto de anoche en la sede del Ejecutivo que tiene intenciones de pedir a la OEA que convoque una reunión del Consejo Permanente del organismo continental, órgano que "puede ser muy valioso para sostener el estado de Derecho".

Antes de la consulta popular, los ministros del gobierno y otros empleados, incluso de alcaldías municipales, recibieron instrucciones de recoger firmas entre la población pidiendo el apoyo a la iniciativa de Zelaya.

Muchas de las firmas han sido recogidas entre los mismos empleados públicos, por órdenes del presidente, según denuncias de varios sectores, entre ellos el Movimiento Alianza por Honduras en Paz y Democracia y medios locales de prensa.