Oviedo.- La Dirección General del Mercado Interior de la Comisión Europea tramitará la denuncia de Izquierda Unida y Los Verdes de Oviedo contra el acuerdo del Gobierno asturiano que adjudica la construcción del nuevo Palacio de Justicia en la parcela de El Vasco a la empresa Jovellanos XXI.
El alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo (c), junto a otros asistentes, durante el acto de clausura de la decimocuarta "Unión Intermunicipal" que el Partido Popular celebró en Pamplona. EFE/Archivo
Según ha informado hoy la coalición, se trata de la misma Dirección General que inició la investigación del proceso de adjudicación de las obras de ampliación del Puerto de El Musel.
Para el coordinador general de IU de Oviedo y director general de Mayores del Gobierno regional, Alejandro Suárez, aunque el procedimiento de investigación sólo se ha iniciado, esta decisión demuestra que su denuncia "está bien fundamentada y, si los responsables de la decisión no rectifican antes, acabará suponiendo una importante sanción para las arcas públicas".
Según Suárez, "con toda probabilidad" el siguiente paso de la Comisión será requerir al Gobierno de España para que solicite al Ejecutivo asturiano el expediente completo del acuerdo para su análisis y, en el caso de que se determine que se ha vulnerado la normativa europea en materia de contratación pública, remitirá su informe al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
En un comunicado, Suárez se muestra confiado en que antes de que esto se produzca "se rectifique una decisión que es claramente ilegal desde la perspectiva del derecho comunitario y gravemente lesiva para los intereses de los ciudadanos y, si no fuera así, alguien debería asumir la responsabilidad política de este asunto".
Asimismo lamenta la "contumacia" del consejero de Hacienda, Jaime Rabanal, y de la "autora intelectual" de la idea, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Paloma Sainz, en mantener una decisión "que no sólo es más que dudosamente legal sino que implica un sobreprecio inaceptable y más en épocas de crisis económica".
A su juicio, el único objetivo de la operación es "salvar la cara del alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, tras el fracaso estrepitoso de su operación de Los Palacios de Calatrava".
El acuerdo contempla que la administración autonómica adquiera la parcela y pague 176 millones aunque lo hará mediante el sistema de arrendamiento por 30 años para, transcurrido ese periodo, pasar a ser propiedad del Principado.
La nueva sede judicial incrementará en un 135,3 por ciento el espacio destinado e los servicios judiciales que actualmente se encuentran diseminados por Oviedo en diferentes sedes, hasta llegar a 60.000 metros cuadrados.
El nuevo edificio judicial tiene un plazo de construcción de 30 meses y las obras podrían empezar este año, una vez que al Ayuntamiento de Oviedo conceda la licencia de obra.
La superficie estimada del nuevo edificio judicial asciende a 60.000 metros cuadrados, que se levantarán en parte de una parcela de 15.477 metros cuadrados.
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