La culpa no es del P2P

MADRID.-  La Coalición de Creadores de Contenidos envía al Ministerio de Industria un informe contra las descargas con una lista de 200 webs para su persecución por la Fiscalía General del Estado. Los defensores de la propiedad intelectual quieren cerrar las webs beneficiadas en lugar de perseguir a los internautas. Pero el informe revela también su fracaso ante los desafíos de la era digital.

Una web de enlaces P2P, descargas o streaming de tamaño medio facturaría 1,5 millones de euros al año, más de 100.000 euros al mes, gracias a los cuatro millones de usuarios únicos de estas redes, según el informe ParasiteŽs Business enviado a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información. Una cantidad nada despreciable si se tiene en cuenta que sólo viven de la publicidad (90% de su facturación) y de la cesión de correos electrónicos de sus usuarios a otras empresas.

Las claves las explica la propia Coalición: poner a disposición de los usuarios las obras lo antes posible, sin esperar a los calendarios y ventanas de las viejas estrategias de comercialización; distribución gratuita y generación de tráfico gracias a los contenidos. En otra clave del vídeo acusación se explica cómo funciona la publicidad en internet, el posicionamiento y otras estrategias habituales en todas las webs. La tercera clave es rentabilizar los registros y datos de los usuarios, otro de los ejes del marketing digital.

La estrategia de la Coalición es conseguir una actuación de la Fiscalía General del Estado contra las webs sin perseguir a los usuarios después de la falta de acuerdo con las operadoras de telecomunicaciones. Una solución más acorde con las propuestas de la Comisión Europea, respetuosa de las leyes que permiten el intercambio de archivos sin ánimo de lucro y con menor coste político para el Gobierno. Es una de las alternativas a debate en la comisión interministerial contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en internet creada la semana pasada.

La lista se centraría en webs que hacen comunicación pública de las descargas con ánimo de lucro, las dos condiciones que el Código Penal establece para que exista delito.

Pero digan lo que digan los tribunales el intercambio de archivos seguirá porque el criterio P2P es una necesidad para muchos consumidores. Y no sólo por la gratuidad. Los usuarios no son capaces de pagar y consumir a la velocidad de la cantidad de productos de entretenimiento que se producen en un mercado saturado. Las descargas y el P2P son la oportunidad para disfrutar de esas obras cuando se estrenan y con facilidad de acceso. Si además son gratis, mejor. El gran fracaso de la industria del ocio y el entretenimiento es no haber emprendido antes un cambio en su negocio para hacer lo mismo que hacen esas webs ahora denunciadas, pero con contenidos originales para rentabilizarlos en un mercado enorme, pero fragmentado como nunca y dispuesto a pagar sólo por lo que de verdad interesa para disfrutar en diversas plataformas y con derecho a copia privada.

Han tenido que llegar empresas como Apple con iTunes, Amazon con los libros primero y Kindle después o la era del streaming para que muchos se den cuenta de que es más rentable y útil crear nuevos negocios que perseguir a los consumidores. No es casual que hace pocos días la Coalición anunciara el próximo lanzamiento de una macroweb de descargas respaldada por la industria. Pero los autores y las productoras y distribuidoras piden gestos y medidas al Ejecutivo. Más, además de las subvenciones, los créditos, el canon digital y la falta de control de mercados donde las autoridades de la Competencia quizá deberían buscar monopolios y acuerdos de precios como se hace en otros ámbitos.

Mientras, los derechos de la música digital siguen siendo más caros que en otros países, un obstáculo para nuevos negocios y medios como las webs de streaming y las radios online.

Quizá la Coalición debería aprender de su propio informe cómo se comercializa y rentabilizan los contenidos en internet, como recomiendan los propios informes (pdf) de la International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) o el ejemplo de nuevos medios como Spotify.

Seguramente menos informes, menos lobby legislativo y más esfuerzo e ideas en mejorar y adaptar el negocio convencerían a más usuarios de cambiar las denostadas descargas por otras formas de acceder al contenido sin perjuicio para los creadores y la industria.